El gobierno nacional ha dispuesto una reestructuración del Ministerio de Salud, impactando directamente en la gestión del área de discapacidad. A través del Decreto 193/2026, publicado en el Boletín Oficial, se eliminan y crean unidades administrativas, reasignando funciones dentro de la cartera sanitaria, una medida firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Mario Lugones.
Nuevas Direcciones y Enfoque en la Gestión
La normativa introduce modificaciones en la estructura organizativa del Ministerio, concentrando el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad. Esto incluye el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios legales. El nuevo organigrama redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas, reorganizando direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales.
Se incorporan áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad, como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. Además, se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad, enfocada en la producción y análisis de información relevante.
Observatorio de Discapacidad y Auditoría Interna
El Observatorio de Discapacidad tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones. También se reordenan las áreas encargadas de la gestión de pensiones no contributivas, con énfasis en la estandarización de procedimientos y el control de expedientes. En paralelo, se eliminan unidades organizativas como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
En cuanto a la auditoría interna, el decreto define nuevas competencias para el seguimiento de planes de control, evaluación de riesgos y supervisión de informes, buscando asegurar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.
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