Una denuncia penal contra tres psicólogas en Rosario ha escalado tras revelaciones de informes calcados y diagnósticos idénticos en casos de presunto abuso sexual infantil. Se acusa a las profesionales de construir una estructura de informes falsos que resultaron en la separación de padres e hijos, incluso después de que la justicia desestimara las acusaciones.
Investigación en Curso
El jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, ha reforzado el equipo de investigación con dos nuevas fiscales, indicando la seriedad y la posible magnitud del esquema. Abogados señalan que los informes presentados en diversas causas de abuso sexual compartían un denominador común: tres psicólogas y contenidos similares. Los testimonios de los niños en Cámara Gesell a menudo contrastaban con los informes adjuntos a las denuncias.
Las psicólogas pertenecerían a la organización AEVAS (Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales). Se alega que utilizaban criterios repetitivos y estructuras idénticas en las evaluaciones de menores, lo que sugiere el uso de formularios prearmados en lugar de análisis individualizados. El mecanismo implicaba dar por sentado la veracidad de las denuncias y condicionar la terapia, instalando una idea de agresión inexistente en los niños.
Los informes, presentados ante fiscales y jueces, tenían un peso decisivo en la apertura de causas penales y en el dictado de medidas cautelares que impedían el contacto entre el padre imputado y su hijo. Los estudios se basaban en relatos de una sola de las partes y no incluían evaluaciones integrales. Las defensas denuncian la imposibilidad de verificar los relatos de los menores, ya que las sesiones de juego no se registran en audio ni video.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación en Rosario por asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado. Los abogados detectaron similitudes llamativas en los relatos, con situaciones y terminología idénticas en los testimonios de los niños.
Pablo Barra, un visitador médico, es uno de los afectados por esta situación. No ha podido ver a su hija desde 2018, cuando fue denunciado por abuso sexual. A pesar de ser absuelto en primera instancia, la apelación del Ministerio Público prolongó su angustia.
La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe ha mantenido una reunión con fiscales y representantes del Colegio de Abogados para abordar la creciente preocupación en torno a denuncias por presunto abuso infantil en el marco de divorcios conflictivos, e inició una recopilación de datos estadísticos sobre la problemática.
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