El recién asumido ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha dispuesto la revisión de los candidatos preseleccionados por su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, para ocupar las 200 vacantes existentes en juzgados y fiscalías a nivel nacional y federal. Esta medida representa su primera señal de poder y sugiere la posible incorporación de nuevos nombres al proceso de selección.
Prioridades y Negociaciones en el Senado
Los nombres que Mahiques proponga, tras ser evaluados por la secretaría general a cargo de Karina Milei y por Lule y Martín Menem, serán elevados al Senado por el Poder Ejecutivo para su aprobación. Se estima que, en una primera etapa, se enviarán al Senado alrededor de 50 pliegos correspondientes a los tribunales con mayor urgencia de cobertura. El gobierno buscará acelerar las negociaciones con senadores tanto oficialistas como opositores, dada la importancia de estos nombramientos.
Entre las áreas consideradas críticas se encuentran la justicia civil, donde la escasez de jueces y camaristas dificulta la adecuada resolución de conflictos contractuales, daños y perjuicios, y sucesiones. Asimismo, se priorizarán la Cámara Comercial y la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, donde solo dos de los seis cargos de camaristas están actualmente ocupados. El Gobierno también enfocará sus esfuerzos en cubrir las vacantes en los tribunales federales del interior del país, donde en algunos casos solo está en funciones la mitad del personal judicial necesario.
Impacto y Perspectivas a Futuro
Se proyecta que las vacantes en el Poder Judicial alcancen el 42% a lo largo del año, debido a renuncias y jubilaciones previstas. Actualmente, la cifra ronda el 37%, generando preocupación en la Corte Suprema de Justicia. El ministro Mahiques ha manifestado su intención de cubrir estas vacantes antes de fin de año. Sin embargo, los pliegos correspondientes a la justicia laboral han quedado relegados debido a la reciente ley laboral que disolvió el fuero nacional del trabajo.
La revisión de los candidatos y la posterior negociación en el Senado representan un desafío clave para el Gobierno, que busca fortalecer el sistema judicial y garantizar su adecuado funcionamiento. La cobertura de estas vacantes es fundamental para agilizar los procesos judiciales y asegurar la correcta administración de justicia en todo el país.