La abogada santiagueña Agostina Páez, de 29 años, acusada de proferir gestos racistas en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, ha recibido una resolución favorable para regresar a la Argentina. Tras una audiencia de más de tres horas, la justicia brasileña habilitó su retorno, aunque este depende del cumplimiento de un cronograma burocrático y del pago de una caución.
Detalles del Caso y el Proceso Judicial
El incidente, que comenzó como una discusión por una cuenta mal cobrada, escaló a una acusación por injuria racial, delito severamente castigado en Brasil. Tras un acuerdo para reducir los cargos, Páez se encamina a cerrar el proceso legal, aunque aún debe cumplir con las determinaciones del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. La defensa de Páez, liderada por la abogada Carla Junqueira, se enfoca en revocar las medidas cautelares que le impiden salir de Brasil y usar una tobillera electrónica.
El juez deberá definir el valor de la caución y los trámites necesarios para que Páez se quite la tobillera y pueda regresar a Santiago del Estero. La fiscalía ha solicitado el depósito inmediato de al menos el 50% de dicha caución como condición para autorizar su salida del país. Una vez resuelta esta urgencia, el juez se enfocará en dictar el fallo definitivo que establecerá el valor de la reparación de daños, con una solicitud de la fiscalía cercana a los US$50.000 por cada una de las tres víctimas y trabajos comunitarios a realizar en Argentina.
El aspecto económico representa la última dificultad en este proceso. Páez declaró que, tras tres meses sin trabajar, desconoce cómo afrontará los potenciales US$150.000 solicitados por la fiscalía en concepto de reparación. Su intención es utilizar su experiencia para concientizar sobre la gravedad de los delitos de discriminación, planeando utilizar sus redes sociales para exponer la severidad de la ley brasileña y promover el debate sobre el racismo en Argentina.
Disputas Políticas y Apoyos Recibidos
El caso ha escalado a una disputa política en Argentina, con el canciller Pablo Quirno celebrando la resolución y la diputada Marcela Pagano acusando al gobierno de abandono. Pagano atribuye el éxito a la intervención de la “diplomacia parlamentaria” y del expresidente Alberto Fernández. La abogada de Páez agradeció tanto a la Cancillería y Quirno por su apoyo jurídico como a Pagano por su solidaridad.
Para Agostina Páez, el proceso ha sido una “experiencia transformadora” marcada por el encierro y las amenazas recibidas en redes sociales. Su intención es regresar a Santiago del Estero y utilizar su vivencia para concientizar sobre la gravedad de los delitos de discriminación en el país vecino.
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