El Gobierno nacional ha establecido un nuevo plazo de 60 días hábiles para que tanto la Ciudad de Buenos Aires como las provincias se inscriban en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Este régimen, creado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo facilitar el saneamiento de las deudas provinciales mediante compensaciones y acuerdos con el Estado nacional. La medida fue formalizada a través del Decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Detalles del Régimen de Extinción
El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, implementado en noviembre de 2024, ofrece a las provincias la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones y otros mecanismos para la cancelación de deudas. Esto se realiza a través de créditos que cada jurisdicción pueda tener con el Estado nacional. Los saldos resultantes de débitos o créditos recíprocos pueden ser cancelados según lo acordado entre la Nación y cada provincia participante.
Una de las opciones que ofrece el régimen es la posibilidad de que, si el saldo de la deuda favorece al Estado nacional o a las provincias, este pueda ser cancelado afectando un porcentaje de los recursos correspondientes por coparticipación. También se contempla la entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, empresas o rutas, como forma de pago.
Según declaraciones de Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete, la iniciativa busca “hacer borrón y cuenta nueva” en las compensaciones entre las provincias y la Nación. El gobierno actual ha indicado que, a través de convenios con diferentes jurisdicciones, se ha logrado sanear parte de las cuentas públicas, aunque continúan trabajando en la compensación de deudas recíprocas para cumplir con el objetivo del decreto original.
Para participar en el régimen, las jurisdicciones deben presentar documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que desean incluir. Los informes técnicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes podrán ser presentados ante la autoridad de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno busca con esta medida avanzar hacia un verdadero federalismo, permitiendo a las provincias un crecimiento económico más sólido.
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