Durante el debate de la ley de modernización laboral, la defensa de los “aportes solidarios” por parte de algunos dirigentes sindicales ha puesto de manifiesto similitudes entre sindicatos y colegios profesionales. La comparación, realizada por Norberto Godoy de ATE, generó controversia al señalar cómo ambos utilizan el Estado para asegurar pagos obligatorios, limitando la libertad económica de sus afiliados.
Funcionamiento y Críticas a los Colegios Profesionales
En Argentina, numerosas leyes locales otorgan a colegios y consejos profesionales la potestad de regular las matrículas, obligando a los profesionales a afiliarse y pagar cuotas para poder ejercer. Esta estructura, presente en provincias como Buenos Aires con colegios que abarcan desde asistentes sociales hasta abogados, genera un sistema donde el ejercicio libre de la profesión se ve limitado por la afiliación obligatoria y la fijación de aranceles mínimos. Se argumenta que este sistema se asemeja a feudos medievales que impiden la competencia y la libre elección.
Las cajas profesionales, gestionadas por estos colegios, a menudo expanden sus servicios más allá de lo necesario, invirtiendo en oficinas y personal, lo que genera críticas por el uso de fondos que podrían destinarse a menores aportes para los afiliados. La politización de los cargos directivos en estas entidades también es un factor preocupante, ya que desvía el enfoque de la gestión hacia intereses políticos en lugar de las necesidades de los profesionales.
Comparación Internacional y Necesidad de Reforma
En contraste con la Unión Europea y Estados Unidos, donde las regulaciones profesionales se enfocan en asegurar la calidad del servicio al público, en Argentina se perciben como mecanismos que crean coaliciones extractivas. La fijación de honorarios mínimos ha sido declarada ilegal en la UE por violar las reglas de competencia. Durante la presidencia de Carlos Menem se intentó eliminar las agremiaciones compulsivas, pero la falta de adhesión de las provincias impidió su éxito.
El contexto actual, marcado por el auge del trabajo a distancia y la transformación de las profesiones liberales por la inteligencia artificial, exige una revisión de estas normas arcaicas. Las provincias deben reducir el gasto público y eliminar los obstáculos a la prosperidad colectiva, incluso si esto implica enfrentarse a intereses creados dentro de los colegios y consejos profesionales. La modernización y desregulación son cruciales para liberar el potencial económico y profesional del país.