El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, que se inició el 3 de marzo en Río Gallegos, enfrenta cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas presentadas. La defensa de Claudio Villamide, Comandante de la Fuerza de Submarinos en 2017, argumenta que la acusación se basa en especulaciones y no en hechos verificables, poniendo en duda la certeza jurídica del proceso.
La Defensa de Villamide
La defensa de Villamide sostiene que la acusación es injusta debido a la rigurosidad de los protocolos en la actividad submarina, donde cada decisión relevante queda registrada. Argumentan que todos los registros indican que el ARA San Juan estaba habilitado para operar y que Villamide cumplió con sus deberes siguiendo los procedimientos establecidos. La defensa enfatiza que el submarino había completado su reparación de media vida en 2014 y que, antes de cada zarpada, se sometía a cuatro mecanismos formales de control.
Se destaca que la aptitud operativa no dependía de la apreciación personal del Comandante, sino de un procedimiento reglado que involucraba a 26 oficiales y suboficiales responsables de cada sistema. La defensa también aborda las tareas de mantenimiento pendientes señaladas por la fiscalía, aclarando que no se trataba de fallas en sistemas esenciales para la seguridad, sino de trabajos programados que se gestionan según los protocolos. Ante la noticia del ingreso de agua de mar, la defensa subraya la reacción inmediata de Villamide al ordenar el regreso a Mar del Plata.
La Incertidumbre Sobre la Causa del Hundimiento
A pesar de la detección de un evento hidroacústico compatible con una implosión, la causa técnica que llevó a la pérdida de control de profundidad del ARA San Juan aún no ha sido determinada con certeza. Se han formulado hipótesis, pero ninguna ha sido establecida con un nexo causal probado y concluyente. La defensa argumenta que el derecho penal no puede completar esta incertidumbre con conjeturas y que es indispensable demostrar qué deber específico se incumplió y de qué modo esa conducta produjo el resultado final.
En un Estado de Derecho, la defensa insiste en que la diferencia entre conjetura y responsabilidad se llama prueba, y es la prueba la que debe decidir en este proceso. Las familias de los 44 tripulantes merecen la verdad, pero una verdad real construida sobre pruebas, no sobre la necesidad de encontrar un responsable a cualquier costo.