Un prostíbulo que operaba encubiertamente bajo la apariencia de un bar, ubicado frente al cementerio de la Recoleta, fue desmantelado. La organización movió más de 1500 millones de pesos en un período de tres años, explotando sexualmente a unas 50 mujeres. El juez federal Sebastián Casanello procesó a nueve hombres por el delito de trata de personas, revelando un negocio millonario que operaba al margen de los controles fiscales.
Detalles de la Investigación
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 145 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en abril de 2022. La denuncia indicaba que, bajo la fachada de un boliche, se cobraba entre 30.000 y 50.000 pesos por sentarse a una mesa en compañía de una mujer, y que se concertaban encuentros sexuales en un hotel cercano. Las víctimas, algunas menores de edad, no podían salir del lugar antes de las 6:30 de la mañana.
El juez Casanello señaló que el prostíbulo funcionaba como un espacio para la explotación sexual de mujeres de manera clandestina. La investigación reveló la captación y el desarrollo progresivo de la explotación bajo un estricto sistema de control, regulando el acercamiento a los clientes, el tipo de acuerdo y la actividad sexual, todo en beneficio de los dueños del negocio.
Las víctimas, según el expediente judicial, eran obligadas a depender de las propinas y de la realización de encuentros sexuales para mejorar sus ingresos, ya que se les pagaba una suma fija por noche que resultaba insuficiente para cubrir sus gastos básicos. Los sospechosos se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, sometiéndolas a un estricto sistema de control y vigilancia.
La justicia embargó los bienes de los nueve imputados hasta cubrir la suma de 7800 millones de pesos. Los testimonios de las víctimas revelaron que el servicio de “presencias” consistía en acompañar a los clientes en sus mesas, incentivando el consumo de bebidas alcohólicas, sin recibir ningún porcentaje por las ventas.
La Procuración General de la Nación informó que el local operaba bajo la cobertura formal de la sociedad Gran Recoleta S. A., integrada por dos de los imputados y un tercero fallecido. La firma era utilizada como pantalla para obtener habilitaciones comerciales y encubrir la actividad ilícita. Los clientes del “bar-boliche” eran exclusivamente hombres que ingresaban con reserva o “comprando” mesas, con precios entre 200.000 y 500.000 pesos.
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