Un residente de Fort Lauderdale, Florida, perdió su ciudadanía estadounidense luego de que un juez federal revocara su naturalización tras descubrirse un fraude de 3.8 millones de dólares en fondos de alivio por el COVID-19. Joff Stenn Wroy Philossaint, originario de Haití, había obtenido la ciudadanía mediante declaraciones falsas y un esquema fraudulento que involucraba solicitudes de préstamos con información adulterada.
Detalles del Fraude y la Investigación
Entre abril de 2020 y mayo de 2021, Philossaint presentó numerosas solicitudes de préstamos con información falsa, desviando fondos destinados a pequeñas empresas en crisis. La investigación reveló que recibió aproximadamente 549,000 dólares en sobornos de terceros y préstamos como parte de este plan. Las autoridades también descubrieron que, durante su entrevista de naturalización en diciembre de 2020, negó haber cometido crímenes o falsificado información para obtener beneficios públicos.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó la gravedad del caso, señalando que Philossaint basó su camino hacia la ciudadanía en afirmaciones engañosas mientras sustraía millones de dólares destinados a apoyar a las pequeñas empresas durante la pandemia. La investigación involucró a agencias como el IRS, el FBI, la Oficina del Inspector General de la SBA y el Servicio Secreto, con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
Consecuencias Legales y Mensaje de la Justicia
En septiembre de 2022, Philossaint fue acusado de conspiración para cometer fraude cibernético, blanqueo de dinero y adquisición ilegal de la ciudadanía. Tras ser declarado culpable, recibió una sentencia de 50 meses de cárcel federal en junio de 2023. El 23 de febrero de 2026, el tribunal aceptó la moción de la Fiscalía y retiró oficialmente su estatus de ciudadano estadounidense.
Este caso subraya la importancia de la honestidad y la transparencia en el proceso de naturalización, reafirmando que cualquier beneficio migratorio obtenido mediante el fraude será revocado. La decisión judicial envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que se toman las infracciones federales y el compromiso de las autoridades con la integridad del sistema migratorio.
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