Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer su sentencia en el caso 13.506, referente a la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, quien falleció a los 6 años en 1996 al ser aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta, en Palermo. Los padres de Marcela, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, esperan que la sentencia represente una forma de reparación tras 30 años de búsqueda de justicia.
El Trágico Incidente y la Investigación
El 5 de febrero de 1996, Marcela Iglesias participaba en una excursión de la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario cuando una escultura de hierro de más de 200 kilos se desplomó sobre ella, causándole la muerte instantánea. Otras dos niñas resultaron heridas en el incidente. La investigación posterior reveló múltiples irregularidades en la instalación y seguridad de la escultura, llamada ‘Elementos’, así como en la concesión del paseo.
El juez Luis Alberto Schelgel procesó al escultor Danilo Danzinger, a Diana Lowenstein (de la galería Der Brucke) y a los funcionarios municipales Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale por homicidio y lesiones culposas, y omisión de deberes de cuidado. Se acreditó que la estructura metálica estaba en un estado evidente de oxidación y corrosión, sujeta de manera precaria y sin la debida seguridad.
La Impunidad y la Intervención de la CIDH
A pesar de los procesamientos, el caso prescribió en 2005 debido a los tiempos procesales. La jueza María Angélica Nocetti de Angeleri consideró que había transcurrido demasiado tiempo entre el requerimiento de elevación de la causa a juicio y la citación al proceso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el cierre definitivo de la causa en 2007.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino, considerando que el Estado argentino no adoptó medidas para prevenir el daño de actividades riesgosas en un lugar donde transitaban niños. En marzo de 2024, la CIDH solicitó a Argentina medidas de reparación, incluyendo compensación económica, atención en salud física y mental para los familiares, y la adopción de medidas legislativas y administrativas para la supervisión y fiscalización de actividades culturales y espacios escultóricos.
Hoy, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo esperan que la sentencia de la CIDH les brinde algo de consuelo y justicia después de tres décadas de lucha. La decisión de la Corte representa una oportunidad para que el Estado argentino asuma su responsabilidad y tome medidas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.