El oficialismo argentino llevó a cabo la segunda y última audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, buscando obtener dictamen favorable para el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Sin embargo, la falta de una hoja de ruta clara y el temor a un revés legislativo obligan a los libertarios a actuar con cautela.
Reunión Informativa con Gobernadores
Según fuentes oficiales, se está considerando la posibilidad de realizar una reunión informativa con gobernadores para ganar tiempo y conseguir apoyos en la Cámara de Diputados. Este plenario de comisiones, aún sin fecha definida, se llevaría a cabo dependiendo de la disponibilidad de los mandatarios provinciales. La fecha de debate en el recinto aún no ha sido confirmada.
La audiencia pública estuvo marcada por reclamos sobre la limitación de oradores y advertencias sobre una posible judicialización de la norma. Organizaciones socioambientales expresaron su rechazo a la propuesta del gobierno, calificándola de inconstitucional y regresiva, argumentando que viola el principio de presupuestos mínimos establecido en la Constitución Nacional para la protección ambiental uniforme en todo el país.
En contraposición, defensores de la reforma, principalmente de provincias cordilleranas con potencial minero, argumentan que en lugar de prohibir actividades, se debe mejorar el uso del agua para equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Pablo Villagra, director del Ianigla, criticó la reforma, señalando que no mejora la ley vigente y genera incertidumbre sobre la protección de áreas con hielo y la definición de la importancia hídrica de los glaciares.
La propuesta de reforma busca diferenciar el área periglaciar de las geoformas periglaciales con funciones de reserva estratégica de recursos, lo que implicaría que no todo el territorio periglaciar estaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable. Además, la reforma otorgaría mayor poder a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, lo que ha generado críticas por considerar que viola el principio de presupuestos mínimos ambientales.
El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares continúa generando controversia y polarización entre distintos sectores, con implicaciones significativas para la protección ambiental y el desarrollo productivo en las regiones cordilleranas de Argentina.
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