La Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó las condenas que habían sido dictadas contra dos de los dueños del geriátrico Apart Los Incas, Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel Megyes, y contra la médica Carla Lorena Raffo, por la muerte de diez residentes durante el brote de COVID-19 en 2020. De esta manera, los imputados quedaron absueltos, cinco años después de los hechos ocurridos en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
Argumentos de la Cámara
La resolución, firmada por los jueces Carla Cavaliere e Ignacio Mahiques, modificó sustancialmente el fallo del Tribunal Oral N°12 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad, que había condenado a Visca, Megyes y Raffo a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación especial. La Cámara argumentó que no se pudo acreditar con certeza que las conductas atribuidas a los condenados fueran la causa directa de las muertes, ni se determinó cómo ingresó el virus al geriátrico.
El tribunal de alzada también dejó sin efecto la reparación económica que había sido admitida parcialmente en primera instancia en favor de familiares de algunas de las víctimas, y levantó las medidas cautelares que seguían vigentes, como la prohibición de salida del país, la suspensión provisoria de sus cargos y los embargos preventivos. En el caso de Gonzalo y Allegue, cuya absolución fue confirmada, se consideró que su pertenencia formal al directorio no era suficiente para atribuirles responsabilidad penal.
El Caso Apart Los Incas
En abril de 2020, el SAME evacuó a los residentes del geriátrico, ubicado en la esquina de Avenida de los Incas y Zapiola, en una escena que reflejó el colapso sanitario que amenazaba a los geriátricos durante los primeros meses de la pandemia. La acusación inicial señalaba graves irregularidades en el establecimiento, como historias clínicas sin actualizar, falta de seguimiento médico, personal trabajando con síntomas de COVID-19, problemas con los elementos de protección y demoras en activar los protocolos sanitarios.
Durante el juicio oral, la querella insistió en que las muertes fueron el resultado de una cadena de omisiones en el cuidado de una población vulnerable. La defensa, por su parte, argumentó que los acusados actuaron dentro de las posibilidades de un contexto excepcional, marcado por la incertidumbre y la falta de información consolidada sobre el virus. Con la resolución de la Cámara, el caso vuelve a cambiar de eje, aunque el tribunal no discutió la gravedad de lo ocurrido ni el drama humano que implicó el brote.
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