
Un casamiento celebrado en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, desató una fuerte polémica debido a que el área está protegida por la ley provincial. La municipalidad radicó una denuncia ante la Justicia para investigar una posible autorización falsificada para el evento, mientras que la organizadora defiende su realización argumentando que se respetaron todas las leyes.
Investigación y Denuncias
El caso tomó relevancia tras la viralización de imágenes de la boda en la Quebrada de las Conchas, un área protegida por la Ley Provincial 6806. Esta ley regula el uso del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico, exigiendo autorizaciones específicas para cualquier actividad en la zona. La municipalidad de Cafayate, liderada por Rita Guevara, presentó una denuncia para investigar si el evento carecía de autorización o si se utilizó un permiso falso.
Las autoridades municipales también señalaron que el uso de luces y sonido potente en el área afecta el comportamiento de la fauna autóctona, y la presencia de infraestructura y personas podría acelerar la erosión de las formaciones rocosas. Por su parte, el Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que el documento presentado por los organizadores es falso y no fue emitido por la autoridad competente.
Defensa de la Organizadora
Lucía Grajales Soriano, responsable de la planificación del evento, defendió la realización del casamiento, afirmando que se llevó a cabo en una propiedad privada dentro de la reserva y que se respetaron todas las leyes. En declaraciones a Radio Cafayate, Grajales Soriano aseguró que la planificación del evento comenzó con meses de antelación y que se coordinó con diversas áreas gubernamentales para obtener las autorizaciones necesarias. También afirmó que se presentó un protocolo de impacto ambiental y que se contrató un equipo para la recolección de residuos y el control del terreno.
El evento continúa generando debate y pone de manifiesto la importancia de proteger y preservar los recursos naturales y culturales de la región. Las autoridades competentes deberán determinar la veracidad de las autorizaciones presentadas y establecer las responsabilidades correspondientes.
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