La Mesa de Enlace, conformada por las principales entidades agropecuarias del país, se reunirá con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en Expoagro para discutir diversos temas del sector, entre los que destaca una propuesta para modificar la ley de semillas. El objetivo es encontrar un punto intermedio entre el reconocimiento a la propiedad intelectual de las empresas semilleras y el derecho de los productores a utilizar parte de su cosecha como semilla para la siguiente campaña.
Detalles de la propuesta
El borrador que la Mesa de Enlace presentaría al Gobierno plantea un esquema de uso propio oneroso y gratuito. El uso propio gratuito se aplicaría a productores con una superficie total sembrada igual o inferior a 500 hectáreas, abarcando todas las variedades protegidas. Para superficies mayores, se contemplaría un pago por uso propio incremental, con la posibilidad de abonar por adelantado el total correspondiente a tres multiplicaciones de la semilla, liberándose así de futuros pagos.
La propuesta busca modernizar la ley de semillas vigente desde 1973, adaptándola a las nuevas tecnologías y al contexto internacional. La industria semillera ha manifestado su preocupación por la falta de un reconocimiento adecuado de la propiedad intelectual, lo que, según afirman, ha afectado la inversión en investigación y desarrollo, rezagando a Argentina en comparación con otros países como Brasil.
El borrador también contempla que las entidades rurales tengan legitimación para interponer denuncias y acciones legales ante la Autoridad Nacional de la Competencia en caso de prácticas que afecten la libre concurrencia o impliquen abuso de posición dominante en el mercado de semillas y biotecnología. Asimismo, podrían iniciar acciones judiciales para declarar la nulidad de cláusulas abusivas o reclamar la reparación de daños colectivos.
Próximos Pasos
La presentación formal de la propuesta al secretario Iraeta en Expoagro representa un paso importante en la búsqueda de un consenso sobre la ley de semillas. Se espera que el Gobierno analice la propuesta y la discuta con los diferentes actores del sector, incluyendo a las empresas semilleras, los productores y las entidades rurales, con el objetivo de lograr una ley que promueva la innovación y el desarrollo del agro argentino, al tiempo que protege los derechos de todos los involucrados.