El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, iniciará esta semana una serie de reuniones con los jueces de la Corte Suprema de Justicia para incorporarlos al debate sobre la reforma del Código Penal. Además, el ministro planea postergar la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, según informaron fuentes del Ministerio.
Reforma del Código Penal y Opinión de la Corte
El gobierno anterior había anunciado un proyecto de reforma del Código Penal que endurecía las penas para delitos graves, con la participación del juez Mariano Borinsky y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mahiques busca ahora la opinión de la Corte Suprema para asegurar el éxito de la reforma. Según fuentes oficiales, el ministro considera crucial la perspectiva del máximo tribunal, encargado de interpretar las leyes, para avanzar con el proyecto en el Congreso.
Si bien el objetivo no es dar vía libre a todas las objeciones de la Corte, se busca involucrar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a sus equipos, en el análisis del Código. El ministro pretende avanzar rápidamente con la presentación del proyecto en el Congreso, aunque con las revisiones necesarias.
Retraso en la Implementación del Sistema Acusatorio
La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, que traslada la responsabilidad de la investigación a los fiscales, podría retrasarse debido a la cantidad de vacantes en las fiscalías y a la falta de infraestructura adecuada. El ex ministro Mariano Cúneo Libarona había impulsado la implementación del sistema en varias jurisdicciones, pero Mahiques no comparte el optimismo sobre su puesta en marcha en abril. La falta de condiciones y recursos para los fiscales también influye en esta decisión. Según fuentes del Ministerio de Justicia, el ministro considera que es mejor aplicar el sistema cuando estén dadas las condiciones necesarias.
Finalmente, Mahiques planea avanzar con la cobertura de 200 vacantes de jueces y fiscales en juzgados inferiores, priorizando aquellos casos que requieran menos consenso político para su aprobación en el Congreso. Se espera que en las próximas semanas se envíen entre 30 y 40 pliegos considerados prioritarios por la nueva gestión.