La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, ha sido reincorporada a su puesto luego de una contienda legal de más de cuatro años, durante la cual incluso se vio privada de su salario. La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos volvió a ocupar oficialmente su lugar en un acto que contó con la presencia de procuradores y fiscales. Su tenacidad ha logrado que, por primera vez, una persona destituida por un tribunal sea restituida en su cargo, una medida cuyo valor ejemplificador merece ser resaltado.
Fue esta valiente fiscal quien dio inicio al expediente conocido como “Contratos Truchos” de la Legislatura provincial, lo que en 2022 condujo a la condena de ocho años de prisión al exgobernador Sergio Urribarri por su participación en cinco causas relacionadas con el desvío de fondos públicos. Se la acusó de no excusarse debido a la amistad entre su marido y uno de los imputados, aunque ella declaró haber investigado con independencia, considerando que su apartamiento habría perjudicado la investigación. El descrédito y una carrera interrumpida por argumentos inadmisibles fueron el precio que debió pagar por investigar causas de alto voltaje político que involucraron millones de pesos.
En noviembre de 2021, un controvertido Jurado de Enjuiciamiento, con el respaldo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que culminó con la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después. Esta medida ha sido recientemente anulada por el Superior Tribunal de Justicia Entrerriano, que consideró viciada la conformación del órgano, afectando el debido proceso. La clave fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2024 anuló las actuaciones tras detectar “gravísimos vicios” en la conformación de los órganos juzgador y acusador. De esta manera, el mensaje disciplinador que el poder político provincial intentó imponer al Poder Judicial perdía su fundamento.
Tanto el Colegio de Abogacía de Entre Ríos como la ONG Será Justicia, entre otras organizaciones, alzaron sus voces en defensa de Goyeneche. Desde la Asociación Argentina de Fiscales se habló de un “vuelto de la corrupción y de la mafia política motivado por el impulso de causas contra el poder político provincial”. Marcelo Varona Quintian, su presidente, calificó de burda la destitución, la cual provocó “miedo en el mundo judicial”. La entidad había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la relatoría de las Naciones Unidas en defensa de Goyeneche y de otros seis fiscales que investigaron la corrupción y terminaron con sumarios.
La reciente decisión judicial favorable a la fiscal, que incluye el cálculo y la liquidación de sus haberes retroactivos, debe ser celebrada. Investigar la corrupción requiere valentía, y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor se vea amenazada por el accionar interesado de la política. “Cuando se investiga la corrupción, la soledad es enorme”, había manifestado Goyeneche, reflejando el sentimiento compartido con sus colegas en la búsqueda de independencia.
El Ministerio Público Fiscal se ve revitalizado por una medida que ofrece no solo una reparación personal, sino también institucional. Buscar la verdad es un acto de valor que debe ser reconocido y valorado en una sociedad que ha sido saqueada y se encuentra hastiada por años de corrupción.