La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la tasa de seguridad e higiene que el municipio de San Carlos de Bariloche pretendía aplicar al aeropuerto internacional de la ciudad. Esta decisión judicial se produce en un contexto de creciente controversia por las elevadas tasas municipales que afectan a los contribuyentes en diversas localidades del país.
El Fallo de la Corte Suprema
El máximo tribunal hizo lugar a la demanda de Aeropuertos Argentina contra el municipio barilochense, revocando una sentencia anterior que permitía el cobro de tasas en el aeropuerto. La Corte consideró que el aeropuerto se encuentra en terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, sujetos a jurisdicción federal. De acuerdo con un decreto de 1997, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) es el responsable de la infraestructura aeroportuaria, su explotación y administración.
La demanda argumentaba que todo lo relativo a los aeropuertos, incluyendo habilitación, seguridad, higiene, obras y servicios, compete al poder de policía del gobierno federal a través del Orsna. La municipalidad pretendía aplicar leyes provinciales declaradas inconstitucionales en 2024.
Impacto y Consecuencias
Este caso pone de manifiesto la tensión entre los municipios y el gobierno nacional debido a la voracidad fiscal y la superposición de tributos, que incrementan los costos y desalientan la inversión. Existen múltiples tasas que complican la economía formal, como la tasa de protección ambiental del 2% en el municipio de Pilar, que se suma a la tasa de seguridad e higiene del 4,5%, elevando los precios al consumidor en un 6,5%.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, incorporado en la ley 27.743, busca transparentar la carga fiscal en tickets y facturas. Sin embargo, solo cuatro distritos (Chubut, Mendoza, Entre Ríos y CABA) se han sumado a este régimen, mientras que provincias como Córdoba y Salta podrían adherirse próximamente.
La decisión de la Corte Suprema sienta un precedente importante para limitar la voracidad fiscal de los municipios y proteger a los contribuyentes de tasas excesivas y superpuestas. Se espera que este fallo impulse una mayor transparencia fiscal y una revisión de las tasas municipales en todo el país, promoviendo un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo económico.
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