Tras una semana de paro que interrumpió el inicio del cuatrimestre, los gremios universitarios en Argentina se preparan para intensificar sus medidas de fuerza. La mayoría de las organizaciones sindicales planean realizar un nuevo paro el martes 31 de marzo, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades.
Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional
Mañana se llevará a cabo el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en La Pampa, donde se elegirá a las nuevas autoridades y se buscará coordinar una estrategia común frente al conflicto. Representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes también participarán en el encuentro, tras el cual los rectores emitirán un mensaje conjunto.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) ya ha definido un plan de lucha más amplio, que incluye una semana completa de paro entre el 30 de marzo y el 3 de abril, y otra desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo. Además, se evalúa la posibilidad de realizar una marcha el 23 de abril. En paralelo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) decidió adherir al paro del 31 y sumar una jornada de protesta el día siguiente, el 1 de abril.
Otros gremios, como la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), analizan distintas alternativas, incluyendo movilizaciones y concentraciones para visibilizar el conflicto. Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea al sector no docente, resolvió un esquema escalonado de protestas con un día de paro por semana en las siguientes fechas: 31 de marzo y los días 8, 17 y 23 de abril.
Reclamos Salariales y Financiamiento Universitario
El principal reclamo de los gremios es la situación salarial, ya que los docentes universitarios acumularon una pérdida cercana al 40% en los últimos dos años. Exigen la reapertura de paritarias y cuestionan la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue insistida tras el veto presidencial y se encuentra judicializada.
En respuesta, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que modifica el esquema vigente, proponiendo una recomposición salarial en tres tramos del 4,1% a pagarse en marzo, julio y septiembre sobre los salarios vigentes a fines de 2025. Además, establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, aunque no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La situación del financiamiento universitario continúa siendo un punto central de conflicto. Los gremios exigen una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades, incluyendo los hospitales universitarios y el área de ciencia y técnica. El Gobierno, por su parte, condiciona los ajustes a que la inflación supere el 14,5%, que es la reconocida en el presupuesto oficial.
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