La justicia argentina avanza en la investigación contra dos empresarios de medios acusados de extorsionar a la diputada nacional Lilia Lemoine. El fiscal federal a cargo del caso solicitó esta semana que se revoque la falta de mérito dictada previamente y se avance con el procesamiento de los acusados, quienes habrían amenazado con difundir fotos íntimas de la legisladora para obtener pauta oficial.
Detalles de la denuncia
La denuncia, presentada por Lemoine en febrero de 2025, señala a Mario Rubén Casalongue, director de la agencia de noticias Nova, y Ulises Catriel Cuenca, coordinador del mismo medio, como responsables de ejercer violencia de género digital contra ella y otras dos mujeres, Lucía Palavecino y Marilú Medina. Según la declaración de Lemoine, Casalongue le había solicitado ayuda para que su portal de noticias recibiera pauta oficial del gobierno, ofreciéndole incluso participar en su canal de streaming. Ante la negativa y la falta de colaboración, el empresario habría comenzado a difundir imágenes íntimas de la diputada en su portal de noticias y en otros sitios web.
La investigación judicial determinó que el imputado habría obtenido las fotografías privadas de las denunciantes mediante phishing o robo de celulares de sus exparejas. Además, las publicaciones en las que se difundían las imágenes estaban acompañadas de titulares agraviantes y descalificativos contra las mujeres. La jueza a cargo del caso había ordenado la baja y desindexación de las publicaciones difamatorias, pero dictó falta de mérito para los imputados, argumentando que no se había probado la extorsión. El fiscal apeló esta decisión.
Cabe destacar que Casalongue ya había sido denunciado anteriormente por la ex primera dama Fabiola Yáñez por publicaciones agraviantes en su contra. En ese caso, el empresario reconoció su culpabilidad y fue condenado a prisión en suspenso y tareas comunitarias, además de participar en talleres sobre violencia de género.
El avance de esta causa judicial pone de manifiesto la importancia de investigar y sancionar la violencia de género digital, así como el uso de la extorsión y la difamación como herramientas para obtener beneficios económicos o políticos. La decisión final de la justicia será crucial para determinar la responsabilidad de los acusados y sentar un precedente en este tipo de casos.