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EEUU y Maduro Disputan Pago de Defensa por Narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos y Nicolás Maduro se enfrentan en una disputa legal sobre quién debe pagar la defensa del expresidente venezolano en el juicio por narcotráfico que se lleva a cabo en Nueva York. La cuestión será crucial en la próxima comparecencia de Maduro ante un tribunal federal.

EEUU y Maduro Disputan Pago de Defensa por Narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos y Nicolás Maduro están enfrascados en una disputa sobre quién debe pagar la defensa del expresidente venezolano en Nueva York, en el marco del proceso por cargos de narcotráfico que enfrenta. La cuestión será un tema crucial en la nueva comparecencia de Maduro ante un tribunal federal en Manhattan este jueves.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, argumentan que su defensa debe ser costeada por el Estado venezolano, mientras que el gobierno estadounidense sostiene que las sanciones impiden esta posibilidad, obligándolos a usar fondos personales. Los costos legales en casos de esta magnitud pueden ascender a millones de dólares.

Argumentos de la defensa y la fiscalía

Los abogados de Maduro solicitaron autorización a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para utilizar fondos del gobierno venezolano, pero el permiso fue revocado poco después. La defensa argumenta que se vulnera el derecho a elegir defensa consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución, alegando que el gobierno venezolano tiene la obligación de pagar los gastos de defensa.

Por su parte, los fiscales estadounidenses calificaron la habilitación inicial como un “error administrativo” y señalan que la normativa de la OFAC prohíbe usar fondos de una entidad sancionada para pagar a abogados de otra persona sancionada. Afirman que Maduro y Flores pueden pagar con recursos personales, aunque estén sancionados, y niegan que tengan derecho a prestaciones del gobierno venezolano.

Precedentes y desafíos legales

En casos anteriores contra expresidentes extranjeros, como el de Manuel Noriega en Panamá, se presentaron desafíos similares respecto al pago de la defensa. Sin embargo, el caso de Maduro presenta complicaciones adicionales, ya que aún es considerado presidente por el gobierno venezolano. Expertos señalan que la prohibición de usar fondos venezolanos en la defensa podría vulnerar los derechos de Maduro, generando una situación sin precedentes.

La disputa sobre quién debe pagar la defensa de Maduro añade una capa de complejidad a un caso que ya atrae atención internacional. La decisión del tribunal tendrá implicaciones significativas para el proceso y podría sentar un precedente para futuros casos similares.

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