Un reciente informe destaca que la desigualdad estructural, la informalidad laboral y la desproporcionada carga de tareas de cuidado que recae sobre las mujeres en Argentina dificultan su acceso al sistema de justicia. Estas barreras socioeconómicas se traducen en una menor disponibilidad de ingresos y tiempo, elementos cruciales para iniciar y sostener procesos legales.
Factores que limitan el acceso a la justicia
La informalidad laboral, un problema persistente en el país, afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Sin un empleo formal, se reduce la capacidad de acceder a servicios legales y de afrontar los costos asociados a un litigio. La falta de independencia económica, agravada por la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas, limita aún más las opciones de las mujeres que buscan hacer valer sus derechos ante la ley. Estudios recientes muestran que las mujeres dedican, en promedio, el doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de niños y ancianos, lo que reduce drásticamente su disponibilidad para trabajar o buscar asesoramiento legal.
Además, la desigualdad estructural se manifiesta en la persistencia de estereotipos de género y prejuicios en el sistema judicial. Estos sesgos pueden influir en la forma en que se interpretan las leyes y en las decisiones de los jueces, lo que perjudica a las mujeres que buscan justicia. La falta de representación femenina en los puestos de poder dentro del sistema judicial también contribuye a perpetuar esta situación. Es crucial abordar estas desigualdades estructurales para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a la justicia.
Para superar estas barreras, es necesario implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en el ámbito laboral y familiar. Esto incluye medidas como la ampliación de la licencia por maternidad y paternidad, la creación de guarderías públicas y la promoción de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Asimismo, es fundamental fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres a través de la creación de servicios legales gratuitos y la capacitación de los operadores judiciales en perspectiva de género. Solo así se podrá garantizar que todas las mujeres, independientemente de su condición socioeconómica, puedan ejercer plenamente sus derechos.