La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido cerca de 2000 sentencias desde 2004 en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Este hito se produce al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, reafirmando el compromiso del máximo tribunal con la protección de los derechos humanos y el enjuiciamiento de los responsables.
Fallos Clave y Políticas de Estado
Entre los fallos más trascendentales se encuentra la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictada el 14 de junio de 2005 en el caso Simón. Esta decisión judicial allanó el camino para la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos en las últimas dos décadas. La anulación de estas leyes fue parte de una política de Estado impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y respaldada por el Congreso.
Previamente, en 2004, la Corte Suprema había establecido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el caso Arancibia Clavel. En 2007, en la causa Mazzeo, se declaró la inconstitucionalidad de los indultos a los militares, consolidando el marco legal para el juzgamiento de estos crímenes.
Controversias y Revisiones
Un momento de controversia se generó con la aplicación de la ley del dos por uno en el caso Muiña en 2017. Inicialmente, la Corte aplicó esta ley, que computaba doble cada día de prisión preventiva, a un represor de la dictadura. Esta decisión provocó un fuerte repudio social y político, lo que llevó al Congreso a limitar el beneficio para delitos de lesa humanidad. Ante la presión pública y una nueva ley, la Corte Suprema revirtió su postura en el fallo Batalla de 2018, rechazando aplicar el beneficio en nuevos casos.
Balance Actual y Perspectivas
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se han dictado 361 sentencias, con 1231 personas condenadas y 250 absueltas. Actualmente, hay doce juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar. La política de memoria, verdad y justicia continúa siendo un pilar fundamental en la sociedad argentina.
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