El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes ordenó el «inmediato traslado» de 184 bovinos que permanecían retenidos en la Sociedad Rural de La Cruz. Esta decisión se tomó luego de que 18 animales murieran de hambre debido a la falta de alimentos, tras una serie de allanamientos llevados a cabo por la fiscalía local. La situación había generado alarma entre los ruralistas, quienes advirtieron sobre la crítica condición de los animales.
Tragedia Logística y Judicial
A principios de enero, lo que comenzó como un operativo contra el abigeato se transformó en una tragedia. Informes veterinarios alertaron sobre el estado nutricional deficitario de los animales, generando un riesgo de deterioro y mortandad. Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), lamentó la pérdida económica que representó la muerte de los animales.
Los 184 animales sobrevivientes fueron trasladados a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Santo Tomé, a 100 kilómetros de La Cruz. Este predio, curiosamente recuperado del narcotráfico, será utilizado para investigaciones y recuperación del ganado. Se espera que la recuperación total de los animales tome tiempo, iniciando en la primavera debido a su deteriorado estado.
La resolución N° 73 del STJ autorizó la venta directa de 12 terneros y una vaquillona para financiar la alimentación y el control sanitario del resto del ganado. Además, el Tribunal se comprometió a cubrir cualquier remanente necesario para el traslado y manejo de los animales. Se instó al Ministerio Público Fiscal a determinar con urgencia la titularidad de los animales.
Esta decisión representa un alivio para la entidad rural, que había incurrido en gastos superiores a los $6 millones en fletes y alimentación. La permanencia de los animales también había bloqueado la actividad principal de la entidad, los remates mensuales. El caso se originó tras la intercepción de un camión con documentación irregular, lo que llevó a allanamientos y la recuperación de 250 cabezas de ganado robadas a productores locales.
La preocupación se centra en la vulnerabilidad de la franja costera sobre el río Uruguay, facilitando el accionar de bandas organizadas dedicadas al abigeato. La Justicia mantiene detenidos a tres hombres y busca a un cuarto sospechoso, mientras que dos mujeres fueron imputadas por su presunta colaboración en la logística de la organización.
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