Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados en Nueva York, se encuentran en el centro de una controversia legal sobre la financiación de su defensa. Sus abogados solicitan que el Estado venezolano cubra los gastos, pero Estados Unidos lo impide debido a las sanciones impuestas. La disputa pone en relieve las tensiones políticas y financieras entre ambos países.
Argumentos de la Defensa
Los abogados de Maduro y Flores argumentan que sus clientes carecen de recursos personales para costear una defensa privada de la complejidad que requiere el caso. Solicitan que, de acuerdo a las leyes venezolanas, el gobierno de ese país asuma los costos legales, ya que consideran a Maduro como el presidente en funciones. La defensa alega que impedir el acceso a estos fondos vulnera su derecho a una representación legal adecuada.
La Postura de Estados Unidos
La fiscalía estadounidense se opone al uso de fondos estatales venezolanos para la defensa de Maduro y Flores, argumentando que las sanciones económicas vigentes lo prohíben. Además, Estados Unidos no reconoce a Maduro como una autoridad legítima, lo que complica aún más la situación. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), utilizar fondos de una entidad sancionada para pagar a abogados de otra persona sancionada está expresamente prohibido.
Próximos Pasos
Maduro y Flores comparecerán nuevamente ante un tribunal federal de Manhattan. La disputa por el financiamiento de la defensa se perfila como un punto central en el desarrollo del caso, con implicaciones legales y políticas significativas. De no poder acceder a fondos privados, se abre la posibilidad de una defensa pública si demuestran falta de solvencia.
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