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Argentina Se Retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El Gobierno Argentino formalizó su salida de la OMS tras un año de anticipación, manteniendo la participación en la OPS. La decisión genera debate sobre el impacto en la salud pública y la cooperación internacional.

Argentina Se Retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El Gobierno Argentino anunció hoy su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un año después de haber notificado su intención. A pesar de esta decisión, el país continuará participando activamente en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en consonancia con la política de Estados Unidos en la región. La medida ha generado interrogantes sobre sus implicaciones para la salud pública y la cooperación internacional.

Detalles y Justificaciones de la Decisión

Según el Ministerio de Salud, la salida de la OMS no afectará los programas de salud nacionales, ya que la cooperación técnica se gestiona principalmente a través de la OPS. El ministro Mario Lugones había defendido esta postura, argumentando que la OPS es preexistente y depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, expertos señalan que la OMS facilita la coordinación con otras regiones y ofrece asistencia técnica financiada por las cuotas de los estados miembros.

En 2024, Argentina destinó $ 1.248.740.889 a la OMS y $ 406.489.472 a la OPS. Al momento del anuncio de la salida, la deuda con la OPS ascendía a US$ 10.176.812. A pesar de estos números, el gobierno asegura que la cooperación internacional no se interrumpirá y que la Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS.

La decisión de retirarse de la OMS implica quedar fuera de las políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y el Reglamento Sanitario Internacional, según Adolfo Rubinstein, exministro de Salud. Esto podría afectar la preparación coordinada para pandemias y la participación en la agenda sanitaria mundial.

La salida de la OMS, si bien permite mantener la relación con la OPS para la asistencia técnica y la adquisición de insumos, plantea interrogantes sobre el acceso a información y coordinación en temas de salud global. Abogados constitucionalistas y el Congreso podrían analizar la legalidad y el impacto de esta medida en el futuro cercano.

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