Argentina cuenta con una nueva ley de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, aprobada por el Senado el 27 de febrero de 2026. Esta legislación fija la responsabilidad penal desde los 14 años, estructurando un sistema especializado para adolescentes con el objetivo de evitar la reincidencia y promover la resocialización. La implementación de esta ley abre un nuevo capítulo en el abordaje de la delincuencia juvenil en el país.
Enfoque en la Resocialización
Más allá de la edad de imputabilidad, la ley se centra en la respuesta institucional posterior al delito. Se busca recomponer vínculos y construir un proyecto de vida alejado del delito a través de herramientas como la escolaridad obligatoria coordinada con el sistema educativo, la capacitación laboral, la participación familiar y el seguimiento profesional intensivo. Estas medidas complementarias buscan la resocialización e integración social, pudiendo ser impuestas incluso en salidas alternativas al encierro.
Un aspecto clave es la figura del “supervisor especializado”, quien realizará un seguimiento técnico y periódico del joven, con obligaciones de contacto e informes de evolución. Esto permite un control efectivo del cumplimiento de las medidas impuestas y facilita la adaptación del joven a la sociedad. La ley también exige institutos adecuados, personal especializado y separación estricta de los adultos, orientando la detención hacia la educación y la formación.
La reforma también considera a las víctimas, incorporando mecanismos restaurativos como la mediación penal juvenil y reglas específicas para suspensiones y alternativas, con su participación activa. Se busca compatibilizar el castigo y la prevención con la responsabilidad y la reparación del daño causado. Esta ley se enmarca en un esfuerzo más amplio por modernizar la política criminal y reordenar el derecho penal argentino, incluyendo la discusión y actualización del Código Penal y la implementación del Código Procesal Penal Federal.