El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se negó a dar precisiones sobre recientes cambios en su patrimonio y detalles de un viaje a Punta del Este durante una conferencia de prensa. Adorni argumentó que no podía brindar información debido a una causa penal en curso, aunque no explicó cómo la transparencia en sus operaciones podría afectar la investigación judicial. El funcionario afirmó que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Estado.
Cuestionamientos al patrimonio de Adorni
Desde su llegada al gobierno, Adorni ha experimentado cambios en su estilo de vida, incluyendo una mudanza a Caballito y la compra de una casa en un country por parte de su esposa. Estos cambios no se reflejan en las declaraciones juradas públicas del funcionario, quien asegura tener todo en regla pero se niega a dar explicaciones detalladas. Adorni confirmó que vive en Caballito, pero no aclaró si el inmueble es de su propiedad.
Además, se le adjudicó una casa en Martínez, aunque Adorni no precisó su relación con esa propiedad, calificándolo como parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Respecto al viaje a Punta del Este, Adorni insistió en que lo pagó de su bolsillo, pero las facturas no están a su nombre, generando más interrogantes sobre la transparencia de sus gastos.
Investigaciones en curso
Existen dos causas penales en los tribunales de Comodoro Py relacionadas con los gastos y el patrimonio de Adorni. Se investiga quién pagó los vuelos a Punta del Este y se han solicitado medidas de prueba, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse, la productora de Marcelo Grandio, y la solicitud de informes a ARCA sobre las operaciones de Grandio, Issin, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La justicia busca determinar quién financió realmente los viajes.
A pesar de las investigaciones en curso, Adorni insiste en que no puede dar precisiones sobre su patrimonio y operaciones para no entorpecer la actuación de la Justicia, aunque no ha proporcionado fundamentos sólidos para esta afirmación. La Ley de Ética Pública establece la transparencia como principio fundamental, habilitando el acceso público a la información sobre el patrimonio de los funcionarios.
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